En el Consejo de Ministros del pasado 21 de mayo 2024, el Gobierno aprobó, a propuesta de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores, para adaptarlo a los efectos de la STJUE 18 de enero 2024 (C‑631/22), Ca Na Negreta
Una mirada crítica a las relaciones laborales: Boletín núm. 81, Mayo
Recopilatorio de las entradas del mes (contiene un breve sumario y el enlace a las mismas)
La incompatibilidad de las prestaciones de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez y el trabajo regular, ¿es contraria a la doctrina del TJUE en el asunto Ca Na Negreta?
En virtud de la STJUE 18 de enero 2024 (C‑631/22), Ca Na Negreta, en respuesta a la cuestión prejudicial formulada por el TSJ Baleares (un análisis al repecto aquí), se ha dictaminado que es contrario a al art. 5 de la Directiva 2000/78/CE que el art. 49.1.e ET permita al empresario extinguir el contrato por incapacidad permanente debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral, sin que esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables […]
Cuando asumes que no eres el capitán de tu barco… (¿un mundo sin libre albedrío?)
Los avances de diversas disciplinas científicas (neurobiología, genética, neurociencia, etc.) están empezando a desvelar elementos de nuestro comportamiento hace unas pocas décadas inimaginables. De todas ellas, permítanme que comparta con ustedes los avances que el neuroendocrinólogo Robert SAPOLSKY expone en su apasionante y reciente libro Decidido (2024): hay evidencia suficiente para poder afirmar (y perdonen que lo formule a «bocajarro») que el ser humano no tiene libre albedrío.
Popurrí de novedades judiciales (núm. 37, mayo)
En los últimos días se han dado algunas novedades judiciales relevantes y que he compartido en las redes sociales. Todas ellas han sido incluidas en las diversas sistematizaciones de doctrina jurisprudencial del blog.
La prestación de incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez no es compatible con el trabajo, salvo si es marginal o esporádico (STS\Pleno 11/4/24)
Análisis crítico de la STS 11 de abril 2024 (rec. 197/2023), dictada en pleno (y sin VP), en virtud de la cual, a propósito de un pensionista que trabajaba para la ONCE, se establece que la situación de incapacidad absoluta o gran invalidez no es compatible con el trabajo, salvo que sean esporádicos o marginales, no dando lugar a su inclusión en la Seguridad Social.
Jubilación forzosa: ¿un «término» en un contrato «indefinido»? ¿Una causa de extinción indemnizable?
Reflexión acerca de los efectos de la previsión de una cláusula de jubilación forzosa en el programa de prestación de un contrato.
Plan de igualdad en empresa sin representación legal de trabajadores e imposibilidad de constituir comisión negociadora: la empresa puede elaborarlo unilateralmente (STS\Pleno 11/4/24)
La STS 11 de abril 2024 (rec. 123/2023), dictada en Pleno (sin VP), admite la elaboración unilateral de un PI en una empresa que carece de representación legal de los trabajadores y no ha sido posible constituir la comisión negociadora.
Una mirada crítica a las relaciones laborales: Boletín núm. 80, Abril
Recopilatorio de las entradas del mes (contiene un breve sumario y el enlace a las mismas)
Mantenimiento de la condición de representante legal de los trabajadores en caso de subrogación (STS 14/3/24)
La STS 14 de marzo 2024 (rec. 81/2022) ha abordado la cuestión relativa al mantenimiento de las garantías de los representantes de los trabajadores en un supuesto de subrogación, en un caso en el que el convenio colectivo de aplicación (Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal) prevé unas reglas de subrogación de plantilla y también dispone reglas en relación a dichos representantes en estas situaciones.
El propósito de esta entrada es sintetizar los argumentos esgrimidos por el TS para entender que la empresa cesionaria debió mantener tal condición (y, al no hacerlo, ha vulnerado la libertad sindical y debe abonar una indemnización por ello) y aportar una valoración crítica sobre los factores que han permitido al Alto Tribunal alcanzar esta conclusión.