Seguridad Social [en construcción]

 

 

 

Índice doctrina jurisprudencial sobre Seguridad Social [en construcción]

 

Cotización

 

Asistencia sanitaria

 

Accidente de trabajo

 

Recargo por falta de medidas de seguridad

 

Incapacidad temporal

 

Prestación cuidados de menores afectados cáncer u otra enfermedad grave Novedades!

 

Incapacidad permanente

 

Pensión de viudedad

 

Jubilación activa

 

Jubilación anticipada

 

Jubilación por discapacidad Novedades!

 

Discapacidad

 

Familias numerosas

 

Desempleo

 

 

Última actualización: 31 de agosto 2021

 

 

Cotización

Código CNAE


La STS\C-A 6 de mayo 2021 (rec. 7454/2018) entiende que, en la utilización de la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) a efectos de la cotización a la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social puede por sí misma determinar la actividad principal de cada empresa para fijar el código CNAE correspondiente. En concreto afirma

«El problema central que se plantea en este asunto es, como se colige de cuanto queda dicho, si la Tesorería General de la Seguridad Social puede determinar por sí misma qué código de la CNAE corresponde a cada empresa a efectos de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o si, por el contrario, dicha determinación corresponde al INE, al menos en el supuesto de que haya intervenido en el caso concreto. Para resolver este interrogante, resultan de crucial importancia, en efecto, la disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006 y el art. 4 del Real Decreto 475/2007, invocadas por la recurrente.

La disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, en su apartado segundo, dispone:

«[…] Para la determinación del tipo de cotización aplicable en función de lo establecido en la tarifa contenida en esta disposición se tomará como referencia lo previsto en su Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón de la actividad económica principal desarrollada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia o autónomo, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y a los códigos que en la misma se contienen en relación con cada actividad.[…]».

Pues bien, es indudable que este precepto legal, relativo en su conjunto a la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ordena la utilización de la CNAE para determinar el tipo de cotización. Y es innegable asimismo que, con arreglo a dicha norma, el código de la CNAE a atribuir a cada empresa ha de ser el correspondiente a la actividad económica principal de la misma. Ahora bien, la disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006 en ningún momento dice que haya de ser el INE el que indique qué código CNAE corresponde a cada empresa, ni excluye que sea la propia Tesorería General de la Seguridad Social la que lo haga, por supuesto ateniéndose al criterio legal de la actividad económica principal».

En términos similares, SSTS\C-A 25 de febrero y 12 de mayo 2021 (rec. 4207/2019; rec. 5193/2019)

 

 

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Asistencia sanitaria

Asistencia sanitaria y reagrupación familiar


STS 7 de abril 2021 (rec. 3066/2018) entiende que un extranjero no comunitario residente legal temporal en España por reagrupación no tiene derecho a la asistencia sanitaria por deber tener cobertura obligatoria por vía distinta a la pública. En concreto, afirma

«Y esto es lo que sucede en los supuestos en que un familiar a cargo de un reagrupante, que no ostenta la condición de beneficiario, ha obtenido la residencia legal por tal vía. Dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. Y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida. Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa. Esa conclusión se puede corroborar con las previsiones que el propio RD 1192/2012 establece en orden a las excepciones que contempla a la hora de identificar la cobertura obligatoria, entre las que no figura la que aquí se está analizando, a pesar de que su ámbito personal de afectación alcanza a extranjeros residentes en España»

En este sentido también, SSTS 3 de marzo 2021 (rec. 1410/2019); 14 y 19 de enero 2021 (rec. 401/2019; rec. 3912/2018); 10 y 15 de diciembre 2020 (rec. 1881/2018; rec. 3302/2018)

 

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Accidente de trabajo


STS 13 de octubre 2020 (rec. 2648/2018) Es accidente de trabajo el ocurrido por un trabajador cuando se dirigía a su vehículo situado en el aparcamiento de la empresa durante su tiempo de descanso de 40 minutos y se resbaló cayendo al suelo

STS 16 de julio 2020 (rec. 1072/2018) declara como accidente de trabajo una lesión cardiovascular producida en la pausa para el bocadillo,

 

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Recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo


La STS 13 de octubre 2020 (rec. 3270/2018) resuelve un conflicto relativo a la fecha de efectos económicos que debe otorgarse al recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo impuesto a una empresa, en un supuesto en el que el reconocimiento del recargo se produce mucho tiempo más tarde que la pensión de viudedad.

El TS, siguiendo el criterio de la doctrina jurisprudencial, confirma que los efectos económicos se proyectan 3 meses antes de la solicitud del recargo (y no a partir del reconocimiento de la pensión).

Un comentario al respecto en esta entrada

 

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Incapacidad temporal

Incapacidad temporal contingencias comunes

Situación asimilada al alta


Nuevo! La STS 27 de julio 2021 (rec. 5009/2018), se refiere a un caso en el que un trabajador no puede acceder al centro de trabajo coincidiendo con el alta por problemas de tramitación de la preceptiva documentación por parte del empresario (cuya alta previa se había cursado el día anterior). Al día siguiente, sufre un accidente doméstico con resultado de baja por contingencias comunes y, posteriormente, el empresario anula el alta en su día cursada.

El TS, a partir de una interpretación humanizadora que pondera las circunstancias de cada caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotección (entre otras, STS 8 de marzo 2017, rec. 2686/2015) entiende que debe considerarse como situación asimilada al alta. En concreto, afirma

«si bien la solución general para los supuestos contemplados en las normas antes transcritas [arts. 32.3.1º y 35 RD 84/1996], nos podría llevar a entender que el actor no se encontraba en situación asimilada al alta, lo cierto es que las circunstancias concurrentes en el caso, nos llevan a solución contraria, puesto que de acuerdo con el relato de hechos probados, el actor se presentó en el lugar de trabajo tras pasar el examen de salud inicial en la Mutua, con la finalidad de inicial su prestación laboral el día previsto en la solicitud de alta, y no se le permitió el acceso por el personal de seguridad al no estar preparada la documentación por su empresa.

En consecuencia, si tal y como estaba previsto, el trabajador se presenta en la fecha prevista en su puesto de trabajo, y no se le deja acceder por razones no imputables al mismo, no se le pueden denegar los efectos del alta cuando al día siguiente sufre un accidente doméstico al precipitarse por unas escaleras de dos metros con el diagnóstico de «fractura cerrada del húmero extremo inferior. Neom», que, le impide claramente este día incorporarse a su puesto de trabajo, negándosele la prestación a la que hubiera tenido derecho sin discusión, si la empresa el día anterior le hubiera permitido el acceso.

La aplicación de la doctrina flexibilizadora expuesta al supuesto ahora enjuiciado comporta la estimación del recurso, debiendo entenderse que concurre el presupuesto de encontrarse el ahora recurrente en situación de asimilada al alta a los efectos de acceder a la prestación de incapacidad temporal, puesto que es fundada y razonablemente explicable que pudiera haber dilatado su incorporación a la empresa ante el acaecimiento de un accidente doméstico que dio lugar a la baja médica por la que solicita la prestación.

En tal situación no puede presumirse un abandono por parte del trabajador del Sistema de Seguridad Social, puesto que por su estado no pudo realmente incorporarse a su puesto de trabajo».

 

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Operación de miopía


STS 8 de enero 2020 (rec. 3179/2017) entiende que una operación voluntaria dirigida a eliminar la presbicia y la hipermetropía en ambos ojos en una clínica privada no es obstáculo para que puede accederse a la incapacidad temporal por contingencias comunes a cargo de la Mutua.

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Extinción del derecho al subsidio


La STS 4 de mayo 2021 (rec. 4586/2018), siguiendo el criterio de la STS 18 de junio 2020 (rec. 3302/2017), entiende que la inasistencia al reconocimiento médico de la persona trabajadora, en situación de IT, habiendo sido citada por el INSS mediante correo certificado con acuse de recibo -citación no recibida por haber cambiado de domicilio el beneficiario sin ponerlo en conocimiento de la entidad gestora- no acarrea la extinción del subsidio de IT, porque la entidad gestora debió haber realizado una nueva notificación mediante edictos.

 

 

 

 

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Prestación cuidados de menores afectados cáncer u otra enfermedad grave


Nuevo! La STS 20 de julio 2021 (rec. 4710/2018), que cuenta con un VP, entiende que una madre divorciada que tiene concedida la guarda y custodia de una hija afectada por una enfermedad grave no puede seguir disfrutando la prestación otorgada para su cuidado cuando el otro progenitor cesa en su actividad laboral. Descarta que en los supuestos de separación o divorcio el derecho a la prestación no esté condicionado a que los dos progenitores trabajen. Así,

«si bien la madre tiene otorgada la guarda y custodia de la menor y, habiendo reducido su jornada para el cuidado de su hija enferma, viene percibiendo la prestación por cuidado de menor afectada por enfermedad grave, ha visto extinguida la prestación al cesar en su actividad laboral el progenitor de la menor, del que la madre se había divorciado, sin que en la sentencia conste dato alguno que refiera que el padre tiene alguna dificultad o impedimento para el cuidado de la menor, lo que supone, en aplicación de los artículos 2, 4, apartados 2 y 4 y artículo 7, apartado 3 del RD 1148/2011, de 29 de julio, la extinción de la prestación»

 

 

 

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Incapacidad Permanente

Gran Invalidez


Nuevo! La STS 14 de julio 2021 (rec. 1551/2019), a partir de la interpretación del art. 193.1 LGSS, entiende que procede declarar en situación de gran invalidez a quien ya padecía antes de su afiliación al sistema de Seguridad Social una pérdida de visión en ambos ojos equiparable a la ceguera, tras la que se ha producido un agravamiento en su estado derivado de otro tipo de dolencias. En concreto, afirma

«Dicho precepto [art. 193.1 LGSS] ha sido interpretado reiteradamente por esta Sala, por todas STS 19/05/2020, rcud. 1404/2018, donde sostuvimos lo siguiente: Como queda expuesto, al cabo, la cuestión a resolver en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si corresponde la declaración de Gran Invalidez a la situación de una trabajadora, agente vendedora de cupón de la ONCE, quien, con anterioridad a su alta en el Sistema de Seguridad Social, presentaba patologías que ya eran merecedoras de su consideración como necesitado de ayuda por parte de otra persona. La STS 675/2016 de 19 de julio (rcud. 3907/2014) sienta doctrina reiterada en diversas ocasiones, como sucede con las SSTS de 10 julio 2018 (rcud. 3104/2017, 3779/2016 y 4313/2017). Por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, hemos de tener en cuenta su doctrina:

De conformidad con la tradicional interpretación del artículo 136.1 LGSS (en la versión correspondiente a los hechos enjuiciados; en la actualidad artículo 193.1) las reducciones anatómicas o funcionales de carácter genético o que, sin tenerlo, se han producido antes de la afiliación o alta del trabajador no pueden ser tomadas en consideración para causar protección por Incapacidad Permanente. De tal manera que aquellas lesiones o enfermedades que se padecieran con anterioridad al alta en la Seguridad Social no han de tener incidencia en la valoración de una invalidez permanente, pues en caso de que existan algunas invalidantes del trabajo, la misma Seguridad Social tiene sistemas de protección o prestaciones para subvenir a esas situaciones o contingencias, como son las atenciones a las personas con discapacidad. Ello no obstante, el párrafo segundo del citado precepto establece que: Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

Por dichas razones, cuando se acredita que las lesiones, susceptibles de provocar una situación de gran invalidez, entre las cuales se encuentra la ceguera total, cuando la agudeza visual es inferior a una décima, han evolucionado negativamente respecto a las presentadas en el momento de la afiliación, se ha reconocido la gran invalidez, como hemos mantenido en STS 4-12-2019, rcud. 2737/2017; 11-11-2020, rcud. 3347/18 y 19-4-2021, rcud. 5016/19″.

De modo que, tras reproducir la doctrina sobre lesiones oculares que han de calificarse de ceguera y grado de incapacidad permanente (STS 20 de abril 2016, rec. 2977/2014), entiende que

«probado por el demandante que, en el momento de la afiliación disponía de la agudeza visual suficiente como para desempeñar durante un período dilatado de tiempo funciones de ayudante de cocina, no habiéndose probado por el INSS-TGSS, a quien correspondía la carga de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el art. 217.3 LEC, que las lesiones, identificadas el 14-02-1989, existían ya en el momento de la afiliación a la Seguridad Social, lo que se produjo el 1-04-1986, como advertimos más arriba, debemos concluir que las lesiones del demandante justifican sobradamente la declaración de Gran Invalidez, que ha solicitado»

Ver también, entre otras, STS 13 de julio 2021 (rec. 4780/2018)

 

 

 

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Lesiones permanentes no invalidantes


Nuevo! La STS 20 de julio 2021 (rec. 4540/2018), reiterando la doctrina jurisprudencial al respecto, entiende que, en un supuesto de lesiones permanentes no invalidantes derivadas de enfermedad profesional tras la prolongada exposición a un riesgo y (a la luz del cambio normativo acaecido en 2008 – ex DF 8ª Ley 51/2007), aseguramiento inicialmente al INSS y posteriormente a una mutua, la responsabilidad ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición a los citados riesgos.

En concreto afirma:

«Primero: La enfermedad profesional, a diferencia de lo que sucede con el accidente de trabajo, si bien se exterioriza en un momento determinado, se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, de forma silente e insidiosa, por la exposición del trabajador a determinadas sustancias, elementos o condiciones de trabajo, lo que impide que pueda establecerse que la entidad responsable es la aseguradora del momento en el que se manifiesta la enfermedad.

Segundo: La enfermedad se contrae a lo largo del tiempo, por la exposición a los agentes, elementos o condiciones de trabajo causantes de la misma, lo que significa que a lo largo del, generalmente, dilatado periodo de tiempo en el que se ha contraído y desarrollado la enfermedad, se han podido suceder diferentes aseguradoras de dicha contingencia, en concreto, a partir del 1 de enero de 2008 el INSS no detenta la exclusividad en el aseguramiento, sino que este puede ser asumido por las Mutuas.

Tercero: La jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado acerca de la responsabilidad de las Mutuas en el abono de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, ya apuntaba, aunque este no era objeto del debate, la posibilidad de que se plantease el problema de establecer los criterios de imputación de la responsabilidad en una situación de concurrencia de gestoras en el tiempo. (STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013 , entre otras)

Cuarto: La jurisprudencia de esta Sala, en supuestos de sucesión de Mutuas en el aseguramiento, o en el supuesto de revisión del grado de una incapacidad reconocida por enfermedad común -asegurada en el INSS a una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo -asegurada en una Mutua- ha establecido la responsabilidad compartida de la entidad en la que estaban aseguradas las contingencias comunes y aquella otra en la que se encontraban aseguradas las contingencias profesionales.

Quinto: La regla general es que la responsabilidad corresponde a aquella entidad en la que está asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante. Sin embargo, al tratarse de enfermedad profesional, el hecho causante no se produce en un momento concreto y determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias. Como durante el periodo anterior al 1 de enero de 2008 el trabajador estuvo sometido a los elementos susceptibles de generar la enfermedad profesional – silicosis crónica complicada- y durante este periodo el riesgo estaba asegurado en el INSS y con posterioridad a esa fecha siguió sometido a la exposición a dichos riesgos -periodo en el que la contingencia estaba asegurada en Mutualia- la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos»

 

 

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Pensión de viudedad

Pensión de viudedad: reconocimiento de la prestación


STS 20 de enero 2015 (rec. 507/2014). Pensión a la cónyuge de un trabajador que tenía cotizados 4.667 días (12,78 años) y al terminar su última relación laboral no se inscribió como demandante de empleo por estar pendiente de impartir, en unos meses, un nuevo curso, falleciendo, sin embargo, antes de un fallo cardíaco. La ausencia de animus laborandi no puede deducirse del hecho de no hallarse inscrito como demandante de empleo durante un período inferior a dos meses cuando se trata de un trabajador de una dilatada trayectoria profesional y pendiente de una nueva ocupación. Reitera doctrina.

 

 

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Pensión de viudedad y carencia de 500 días


La STS 22 de septiembre 2020 (rec. 2429/2018) entiende que en la carencia de la pensión de viudedad, para completar el periodo de cotización de 500 días, deben computarse los días cuota por gratificaciones extraordinarias.

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Pensión de viudedad y divorcio


STS 13 de mayo 2015 (rec. 1253/2014). Denegación a cónyuge supérstite divorciada sin pensión compensatoria: la fecha inicial del cómputo de 10 años entre el divorcio o separación y la fecha del fallecimiento es la de la situación jurídica que se produzca primero, la separación judicial o el divorcio.

STS 20 de julio 2015 (rec. 3078/2014). Denegación a divorciada que constituye con su ex cónyuge una pareja de hecho, por no acreditar un período de convivencia de cinco años anteriores al fallecimiento, al no poder computarse la totalidad de su vida en común sino solamente el período de convivencia como tal pareja de hecho. 

 

 

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Pensión de viudedad, divorcio y pensión compensatoria


La STS 14 de abril 2021 (rec. 4997/2018) recogiendo la doctrina sobre el contenido del art. 220 LGSS entiende que concurre

«el requisito de ser acreedor de la pensión compensatoria a los efectos de la prestación de viudedad en casos en que se había estipulado una pensión de contribución a las cargas del matrimonio y alimentos para la actora (STS/4ª de 17 febrero 2014, rec. 1822/2013 y STS/4ª 5-05-2020, rec. 3474/2017). Igualmente, en el supuesto de pensión en favor de la esposa denominada como alimentos de hijos, pero el único hijo menor no convivía con ella, sino con el marido y, además, dicha pensión se había incluso incrementado 16 años después de la separación (STS/4ª de 3 febrero 2015, rec. 3187/2013). También se ha considerado concurrente el requisito en el caso de establecimiento a favor de la demandante y a cargo del ex cónyuge de determinadas obligaciones mensuales de carácter económico consistentes en una suma fija al mes más pagos referentes a préstamos, hipotecas y seguros derivados del antiguo hogar familiar (STS/4ª de 12 febrero 2016, rec. 2397/2014 y 14-10-2020, rec. 3186/2018). Asimismo, la STS/4ª de 23 febrero 2016 (rec. 2311/2014) entiende que se cumplía aquella condición cuando la cantidad inicialmente fijada se sigue abonando durante años tras la emancipación de la única hija común del matrimonio y STS 11-03-2020, rec. 3567/2017). Por el contrario, hemos descartado la concurrencia de pensión compensatoria, cuando se hubiera fijado pensión a favor de las hijas del matrimonio, puesto que dicha circunstancia revela por sí sola que no se fijó compensación alguna para la demandante (STS 27-03-2017, rec. 2935/2015).

Hemos señalado que, lo exigido por el legislador es la persistencia de un vínculo económico en el momento del óbito, con independencia de cuál sea la situación económica del propio beneficiario. Por consiguiente, el reconocimiento de la pensión de viudedad pasa en estos casos por determinar si, en cada supuesto concreto, el fallecimiento pone fin al abono de una obligación asumida por el causante con la finalidad de satisfacer ese concepto a que atiende la pensión compensatoria. Lo que esta Sala ha constatado es que los conceptos por los que se satisfacen contribuciones económicas entre cónyuges, en el momento de la separación o de la disolución del vínculo matrimonial mediante decisión judicial, pueden generar confusión a la hora de tener que identificarlos desde la óptica de la pensión de viudedad, dada la remisión hecha por el legislador al art. 97 del Código Civil.

También hemos puesto de relieve que, «En la atribución de las prestaciones que uno de los cónyuges satisface al otro tras la ruptura tal confusión surge especialmente cuando existen hijos a los que, sin duda, ha de satisfacerse pensión de alimentos. Y ello porque la atribución del cuidado de los hijos al otro progenitor provoca que la pensión en favor de los hijos se entregue a aquél con el que permanecen, incluyendo, por tanto, la compensación por los gastos que ello genera. En este sentido, las cargas que se derivan, por ejemplo, de la utilización de la vivienda forman parte del concepto de alimentos a favor de los hijos y no de la pensión compensatoria al ex cónyuge, aunque éste habite en ella». Por eso es necesario distinguir la pensión compensatoria a la que se refiere el art. 97 CC a través de la ponderación de las circunstancias más sutiles de cada caso y, por ello, hemos rechazado la automaticidad que resultaría de acudir a la literalidad con la que los cónyuges fijaron estas obligaciones y derechos.

La falta de concreta especificación de la determinación de los alimentos y la no constancia de las cantidades de las que pudiera deducirse su naturaleza, habría de llevarnos a entender que el reconocimiento de cualquier suma periódica en favor de la esposa -más allá de los alimentos de los hijos- tiene la naturaleza de pensión compensatoria y, por consiguiente permitirá el acceso, en su caso, a la pensión de viudedad, al tratarse de una prestación que se ve truncada por el fallecimiento del deudor. En realidad, resulta difícil impedir el acceso a la prestación en el caso de que, en el momento del fallecimiento, el supérstite sea acreedor a cualquier suma periódica a costa del causante, sea cual sea la denominación dada en su atribución, y con independencia de la naturaleza jurídica de la misma.

La razón del requisito legal aquí controvertido «se halla en la dependencia económica mantenida en el momento del óbito y, tal dependencia se produjo tanto si el supérstite estaba percibiendo pensión compensatoria strictu sensu, como si era beneficiario de cualquier otro pago regular a cargo del fallecido, como puede suceder con la pensión alimenticia a la que podía estar obligado legalmente en caso de separación o a la pactada. Lo que el legislador ha querido es ceñir el derecho a pensión de viudedad de quienes estaban separados o divorciados del causante a los supuestos en que la muerte pone fin a la fuente económica que el fallecido representaba, siendo así que esa identidad de razón se dará cuando el solicitante de la pensión acredite que era acreedor de pensión a cargo de aquél, sea cual sea su denominación, o su naturaleza jurídica.»

Esta doctrina permite concluir que, dadas las particularidades del caso, que la viuda es acreedora de una pensión compensatoria en un supuesto en el que el causante se hizo cargo del préstamo hipotecario adjudicado a la actora para lo cual ingresaba en su cuenta bancaria la pensión de incapacidad que percibía y se abonaba el préstamo hipotecario y los alimentos a la hija (se da la particularidad de que «los cónyuges manifestaron expresamente en el convenio regulador que el divorcio no originaba desequilibrio alguno a ninguno de ellos, por lo que se abstuvieron de fijar pensión compensatoria, por cuanto dichas afirmaciones no se corresponden en absoluto con lo pactado, ni con la intención de los contratantes, como revelan sus actos coetáneos y posteriores»).

 

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Pensión de viudedad y Concurrencia con otro cónyuge previo


STS 5 de febrero 2015 (rec. 166/2014). Pensión de viudedad: concurrencia con otro cónyuge previo. Disp. Trans. 18ª LGSS. la fecha inicial del cómputo de 10 años entre el divorcio o separación y la fecha del fallecimiento es la de la situación jurídica que se produzca primero, la separación judicial o el divorcio.  

 

 

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Pensión de viudedad y violencia de género


La STS 14 de octubre 2020 (rec. 2753/2018) establece que una mujer que, por razón de violencia de género, no estaba ya unida ni convivía con el causante en el momento de su fallecimiento, tiene derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho.

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Pensión de viudedad y acreditación pareja de hecho


La STS\C-A 7 de abril 2021 (rec. 2479/2019), En pensión de viudedad, la constitución de pareja de hecho puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho (y no sólo mediante inscripción en registro específico / documento público).

STS 28  de abril 2015 (rec. 2414/2014). Acreditación existencia de pareja de hecho: ha de efectuarse bien mediante «inscripción en registro» o mediante «documento público en el que conste la constitución» de la pareja. El testamento instituyendo heredero a la persona con la que se convive no es equiparable al documento público de constitución de pareja de hecho al que se refiere la Ley. Reitera doctrina SSTS/IV 20 de julio 2010 (rec. 3715/2009), 3 de mayo 2011 (rec. 2170/2010), 15 junio 2011 (rec. 3447/2010), 28 de noviembre 2011 (rec. 644/2011), 20 de diciembre 2011 (rec. 1147/2011) y 9 de octubre 2012 (rec. 3600/2011) entre otras muchas.

 

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Pensión de viudedad y matrimonio por el rito gitano


La STC 10 de febrero 2021 (y que cuenta con un VP) declara que no hay discriminación racial al negar la pensión de viudedad a una mujer casada por el rito gitano

 

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Pensión de viudedad y efectos retroactivos


La STS 3 de diciembre 2020 (rec. 1518/2018), a partir de los criterios interpretativos de las SSTS 1 de febrero 2000 (rec. 3214/1998) y 29 de enero 2014 (rec. 743/2013), en un supuesto en el que se ha denegado la prestación de viudedad en dos ocasiones, en el momento que finalmente se reconoce en vía administrativa, se atribuyen efectos desde el fallecimiento del causante (y no desde los 3 meses anteriores a dicho reconocimiento), especialmente porque no han variado los hechos ni la normativa jurídica que regía en el momento de la solicitud inicial.

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Recopilatorio de sentencias sobre pensión de viudedad


Véase en esta etiqueta los recopilatorios monográficos sobre la pensión de viudedad

 

 

 

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Jubilación activa

Jubilación activa autónomos societarios


Nuevo! La SSTS (5) 23 de julio 2021 (rec. 2956/2019; rec. 4416/2019; rec. 1702/2020; rec. 1459/2020; rec. 1515/2020) entiende que los autónomos societarios no causan derecho a la jubilación activa, porque no trabajan por cuenta propia, aunque controlen la mercantil, ni contratan al personal de la sociedad.

 

 

 

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Jubilación anticipada

Jubilación anticipada involuntaria


La STS 10 de febrero 2021 (rec. 3370/2018), partiendo de la base de que el listado de supuestos para acceder a la jubilación anticipada involuntaria es cerrado (art. 207.1.d LGSS), entiende que no deben incluirse los casos de incumplimiento imputable al empresario ex art. 50 ET. En concreto afirma,

«Por consiguiente, la ley excluye todas las demás situaciones que dan lugar a la extinción del contrato de trabajo y también obedecen a causa no imputable al trabajador. Y, en este punto, hemos de sostener que tampoco cabe incluir los incumplimientos contractuales del empresario -como son los que sirven para el ejercicio de la acción del art. 50 ET, de la que se trata en el presente caso-. Sostener lo contrario llevaría a desdibujar la finalidad buscada por el legislador que expresa y taxativamente ha querido centrar de forma limitada y estricta la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada y, para ello, ha definido un concepto, elaborado «ad hoc», como es el de la «reestructuración empresarial», fijando y concretando el contenido y alcance del mismo.

Hay que admitir que esta Sala IV del Tribunal Supremo ha aplicado el art. 207. 1 d) LGSS para incluir un supuesto que podía ofrecer dudas sobre su adecuación al mismo. Pero se trataba de la situación de quienes, siendo socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, vieron extinguida su relación por auto del Juez del concurso que había acordado tal extinción por causas económicas. En las STS/4ª de 10 y 19 diciembre 2018 – rcud. 3407/2016 y 2233/2017, respectivamente-, 7 febrero 2019 -rcud. 649/2017-, 17 septiembre 2019 -rcud. 1741/2017- y 6 noviembre 2019 -rcud. 2416/2017- declarábamos el derecho de aquellas personas trabajadoras a la jubilación anticipada porque no había duda de que estuviéramos ante un supuesto del art. 64 de la Ley 3/2007, Concursal. Lo que en realidad se discutía allí era la naturaleza de la relación de los solicitantes de las prestaciones en la media en que se les negaba su condición de trabajadores; lo cual esta Sala resolvió afirmando que los mismos eran asimilados a trabajadores por cuenta ajena, encuadrados en el régimen general de la seguridad Social.»

En relación a «Despido objetivo y acceso a jubilación anticipada (art. 207 LGSS)», véase en este epígrafe de esta entrada

 

La STS 10 de marzo 2021 (rec. 307/2019) entiende que en virtud del art. 161.bis.2 LGSS (actual 207.1.b), en la redacción anterior a la Ley 27/2011, que fue introducida por la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, el requisito previsto en el apartado b) («encontrarse inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación») no es necesario para poder acceder a la jubilación anticipada si, como prevé la propia disposición,

«el empleador, por mor de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, hubiere abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiese correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiese podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social».

 

 

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Jubilación por discapacidad


La STS 2 de octubre 2020 (rec. 3058/2019) entiende que la situación de jubilación por discapacidad impide el reconocimiento de una incapacidad permanente, en especial, en el grado de gran invalidez. Esta resolución sigue el criterio mantenido por las SSTS 24 de junio 2020 (rec. 1411/2018); 29 de junio 2020 (rec. 1062/2018); 1 de julio 2020 (rec. 1935/2018) – las tres dictadas en Pleno.

Un comentario al respecto en esta entrada

Reitera esta doctrina, Nuevo! SSTS 2 de octubre 2020 (rec. 3058/2019); y 1 de julio 2021 (rec. 2695/2019)

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Discapacidad

Declaración de discapacidad


La STS 3 de marzo 2021 (rec. 2301/2019) resuelve la cuestión relativa a la fecha de efectos de la declaración de discapacidad, producida tras solicitar la revisión por agravamiento, entendiendo que los efectos de la resolución deben retrotraerse a la fecha de la solicitud (y no debe retrotraerse al momento en el que se reconoció la discapacidad). Siguen el planteamiento de la STS 15 de noviembre 2017 (rec. 2891/2015).

Un comentario al respecto en esta entrada

En términos similares, STS 16 de febrero 2021 (rec. 2378/2019)

 

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Familias numerosas


La STS\C-A 21 de abril 2021 (rec. 5459/2019) entiende que el concepto de familia numerosa de categoría especial ex art. 4.1.a) Ley 40/2003, es extensible a dos partos de gemelos (dos partos dobles) 

 

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Desempleo

Desempleo y contrato de trabajo a tiempo parcial


Nuevo! La STS 23 de junio 2021 (rec. 877/2020) entiende que no se tiene a la prestación por desempleo en un contrato indefinido a tiempo parcial -73,97 %, correspondiente a 270 días- si se ha realizado la totalidad de su actividad compactada en dichos días y reclama la prestación al finalizar los 270 días. En concreto afirma:

«En la presente litis la trabajadora no se encuentra en ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 267.1 de la LGSS como «situación legal de desempleo». En efecto, no se ha producido la extinción ni suspensión del contrato ni tampoco la reducción de jornada.

La actora había realizado la totalidad de su actividad laboral, es decir el 73,97 % de jornada, correspondiente a 270 días, cuando solicitó prestaciones por desempleo. No ha habido suspensión de contrato ni reducción de jornada ya que la actora realizó la totalidad de la jornada para la que había sido contratada, percibiendo la pertinente retribución, no constituyendo situación legal de desempleo el resto de jornada hasta alcanzar la jornada a tiempo completo. En efecto, si su contrato es indefinido a tiempo parcial, una vez realizado el periodo de parcialidad convenido, no se genera situación legal de desempleo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 262.2 y 3 de la LGSS, la actora no se encuentra en situación de desempleo total ni parcial y, al no haberlo entendido así la sentencia recurrida, procede la estimación del recurso formulado.

Situación similar ha sido resuelta por esta Sala en sentencia de 11 de noviembre de 2020, recurso 3337/2018, en la que se declaró que no tenía derecho a percibir prestación de desempleo el jubilado a tiempo parcial que suscribe con la empresa un contrato a tiempo parcial por la parte de jornada que realiza. No tiene derecho a percibir prestación de desempleo por la parte de jornada que no realiza ya que esa parte corresponde a la jubilación parcial».

 

 

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Desempleo y ERTE


La STS 23 de febrero 2021 (rec. 3647/2018) entiende que la adscripción voluntaria a un ERTE (en un supuesto en el que la trabajadora ya había sido incluido en uno anterior y se había acordado que tales trabajadores inicialmente afectados no podían serlo en otro ERTE posterior) no impide que se tenga derecho a la prestación por desempleo. En concreto, se afirma:

«Ese acuerdo tuitivo de los trabajadores no puede conducir a que, en un caso en que no ha sido la empresa quien impuso a la empleada la inclusión en el expediente de regulación de empleo sino que fue la propia trabajadora quien solicitó su inclusión en él, se vea privada de la prestación por desempleo durante el lapso temporal en que su contrato de trabajo estuvo suspendido y no percibió su salario.

No ofrece duda que concurrió la situación legal de desempleo, puesto que se suspendió temporalmente la relación laboral de la actora en el marco de un expediente de regulación de empleo fundado en el art. 47 del ET. Es cierto que la trabajadora comunicó su intención de acogerse al programa de extinción de contratos. Pero no puede afirmarse que suspendiera su contrato laboral por su propia y exclusiva voluntad puesto que la causa real suspensiva estuvo en la existencia de las causas económicas que sirvieron de base al acuerdo alcanzado en el expediente de regulación en el que fue incluida la demandante. En consecuencia, por aplicación del art. 208.1.2 de la LGSS de 1994 en relación con el art. 47 del ET, la actora tiene derecho a percibir la prestación por desempleo».

 

 

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Desempleo y no reincorporación tras excedencia voluntaria


Nuevo! La STS 13 de julio 2021 (rec. 4111/2018) entiende que una trabajadora que, tras una situación de excedencia voluntaria, no es readmitida y demanda por despido que es conciliado reconociendo la empresa la improcedencia del despido, está en situación de alta (a los efectos de la prestación por desempleo). En concreto afirma,

«Para resolver la cuestión planteada hay que realizar dos precisiones previas: la primera que es doctrina constante de la Sala desde la STS -pleno- de 19 de noviembre de 2011, Rcud 218/2010 (seguida, entre otras, por las SSTS de 11 de junio de 2012, Rcud 3860/2011 y de 14 de marzo de 2019, Rcud. 2785/2017, que la situación del trabajador excedente voluntario que, cuando una vez concluido el periodo de excedencia voluntaria pactado pretende la reincorporación a la empresa y ésta no le readmite procediendo a conciliar su despido como improcedente, es análoga a la del trabajador injustamente despedido a partir de la fecha del despido. La segunda precisión es consecuencia de la anterior, por lo que, cuando la empresa incumple con la obligación de readmisión del trabajador excedente, la situación del trabajador excedente no readmitido injustamente desde la fecha en que debería haberse cumplido la obligación de readmitir debería ser la de haber sido dado de alta en Seguridad Social (STS de 14 de marzo de 2019, Rcud. 2785/2018).

2.- Por ello, dado que en el presente supuesto la empresa reconoció la improcedencia del despido surgido a raíz de la no readmisión de la trabajadora excedente y que ello constituye situación legal de desempleo (Artículo 267.1.a) 3º LGSS), hay que entender que en tal fecha la empresa tenía la obligación de haber dado de alta en Seguridad Social a la trabajadora, que no puede verse perjudicada por la falta de cumplimiento de dicha obligación por parte del empresario, por lo que hay que entender cumplido el requisito exigido por el artículo 266 a) LGSS según el que quien solicite la prestación de desempleo debe estar en alta o situación asimilada al alta ya que la demandante despedida tenía derecho a estar en alta en el RGSS al sobrevenir situación legal de desempleo protegida. La doctrina correcta se encuentra, por tanto, en la sentencia recurrida».

En relación a la extinción del contrato en caso de no reincorporación tras excedencia voluntaria, véase en este epígrafe de la entrada sobre «Despido y la extinción del contrato»

 

 

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Subsidio de desempleo mayores de 55 años


Nuevo! La STS 15 de julio 2021 (rec. 4149/2018), entiende que en el subsidio de desempleo mayores 55 años, el hecho de que el beneficiario no haya notificado la percepción de una ganancia patrimonial de 6.357 euros supone la extinción por sanción al incurrir en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de la LISOS, por no haber notificado datos relevantes en el ámbito del percibo de la prestación (reitera doctrina, entre otras, SSTS 28 de septiembre 2016, rec. 3002/2014; 19 y (2) 22 de febrero 2016, rec. 3035/2014 y rec. 994/2015; 9 de marzo 2017, rec. 3503/2015; 10 de abril 2019, rec. 1378/2017; 16 de julio 2020, rec. 740/2018). En concreto se afirma:

«Resulta con ello evidente que se ha querido sancionar intencionadamente con esta especial rigurosidad el incumplimiento de tal obligación para estas específicas modalidades de prestación de seguridad social, en atención a la singular naturaleza, circunstancias y condiciones que determinan el mantenimiento y conservación del derecho a su percepción. Y todo ello con independencia de que el periodo durante el que se hayan obtenido las rentas o ingresos patrimoniales no declarados pueda ser superior o inferior al de doce meses a que se refiere el actual articulo 279. 2º TRLGSS, por cuanto las reglas de suspensión del subsidio de desempleo que contiene este precepto no son de aplicación cuando proceda la extinción de la prestación en la remisión que hace el apartado primero de ese mismo artículo a lo dispuesto en el art. 272. 1º letra b) TRLGSS, en imposición de la sanción por falta grave que determina la extinción de la prestación conforme a lo dispuesto en la LISOS.

4.- De lo que se desprende, que las normas sobre suspensión o extinción de la prestación de los arts. 271 y 272 TRLGSS, entraran en juego cuando el beneficiario hubiere comunicado adecuadamente la obtención de rentas o ingresos incompatibles con la percepción del subsidio, pero deben operar en cambio las consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación de la LISOS, si se le ha impuesto la sanción de suspensión o extinción del derecho por haber incumplido aquella obligación de notificar la variación de las circunstancias económicas que inciden en la percepción del derecho. Lo contrario supondría la indebida aplicación del mismo tratamiento jurídico a los beneficiarios que notifican debidamente a la entidad gestora la obtención de ingresos o rentas que dan lugar a la suspensión o extinción del subsidio, de aquellos otros que son sancionados, justamente, por haber eludido esa obligación de comunicar la percepción de ingresos que debían dar lugar a suspender o a extinguir la prestación»

 

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