El apartado UNO de la DA 26ª de la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (LPGE’17) prevé una disposición relativa a las “Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público”. Pues bien, la STC fechada el 31 de octubre 2018 (rec. 4710/2017), resolviendo un recurso de inconstitucionalidad presentado por el «Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea», lo acaba de declararlo inconstitucional. Y también un fragmento del apartado dos de la DA 34ª.

Se trata de una resolución de notable impacto, pues, afecta directamente a los procesos de reversión subsumibles en el art. 44 ET.