La STS 5 de junio 2024 (rec. 5761/2022) declara que el registro de los enseres personales sin la audiencia de un tercero describe una prueba ilícita que no puede desplegar efectos probatorios en orden a la calificación como procedente del despido disciplinario, precipitando la improcedencia.
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Cualquier cambio en la política de uso de dispositivos digitales que impacte en la intimidad debe contar con la participación de los representantes de los trabajadores (STS 6/2/24)
La STS 6 de febrero 2024 (rec. 263/2022) ha abordado la cuestión relativa al procedimiento que debe seguirse para modificar, actualizar o especificar cualquier aspecto de la política de uso de los equipos informáticos propiedad de la empresa y puestos a disposición de los trabajadores, así como al acceso a Internet a través de los mismos.
Se trata de una sentencia interesante porque, a la luz del marco normativo, recuerda que cualquier modificación de los criterios (incluso los previamente establecidos a la entrada en vigor de la LOPD), o cualquier especificación de los mismos, ampliación o restricción debe seguir las normas establecidas en el art. 87.3 LOPD y, por consiguiente, debe contar con la participación de los representantes de los trabajadores.
Despido y validez de la prueba del informe de detective privado (STS 25/5/23)
La STS 25 de mayo 2023 (rec. 2339/2022) entiende que el informe de un detective privado sobre el que se fundamenta el despido de un trabajador en IT, mientras lleva a cabo tareas incompatibles con su situación en el jardín de su casa, supone una violación de su privacidad. Con este criterio, confirma la calificación de improcedencia dictada por la STSJ Galicia 17 de enero de 2022 (rec. 3162/2021). […]
Cámaras de vigilancia, intimidad y protección de datos: prueba lícita y despido procedente (STC 119/2022)
El uso de cámaras de videovigilancia para el control de la actividad laboral es una cuestión que suscita una notable controversia judicial. De hecho, la doctrina jurisprudencial se ha pronunciado en diversas ocasiones últimamente, admitiendo su uso y el consiguiente despido disciplinario procedente basado en las imágenes captadas. En concreto, que tenga constancia, son las SSTS 13 de octubre 2021 (rec. 3715/2018); 25 de enero 2022 (rec. 4468/2018); 30 […]
Límites al registro físico de enseres personales (mochila, bolso) al salir del trabajo captado por cámaras de videovigilancia (SAN 30/11/21)
La SAN 30 de noviembre 2021 (rec. 226/2021), dando respuesta a una demanda de conflicto colectivo, entiende que el sistema de vigilancia física de los enseres personales (bolsas, mochilas, bolsos, etc.) de los trabajadores de una cadena de tiendas de venta de productos de perfumería y similares es desproporcionado porque no se han acreditado que se hubieran advertido irregularidades por hurtos en las tiendas o perdidas desconocidas.
Además entiende que, dichos controles deben hacerse en presencia de un representante de los trabajadores o un compañero de trabajo que es, más bien, una garantía de objetividad y de eficacia de la prueba y no del responsable de tienda como se recoge en la instrucción de la empresa.
Se trata de una resolución cuya fundamentación y fallo comparto y resulta de gran interés (de hecho, de algún modo, puede emplearse como una «guía» para gestionar estas medidas empresariales – y evaluar si respetan los derechos fundamentales).
COVID-19 y reconocimiento médico de los trabajadores
La más que probable cotidianeidad del COVID-19 en nuestras vidas y, por consiguiente, en las relaciones laborales (al menos – intuyo – a corto y medio plazo) plantea (entre otras muchas) la cuestión relativa a la necesidad o no de llevar a cabo reconocimientos médicos a los trabajadores (esto es, su obligatoriedad o no). En este sentido, he creído que podía ser oportuno sintetizar la doctrina del TS al […]
Olvido de los tribunales sociales de la libertad informática en casos de control de las TIC por el Empresario – Comunicación X Congreso IDP (UOC)
Texto y slides de la comunicación presentada al «X Congreso internet, derecho y política» (UOC), sobre el olvido de los tribunales sociales a dar protección al derecho a la autodeterminación informativa (libertad informática), en los supuestos de vigilancia por parte del empresario de los medios informáticos propiedad de la empresa.