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Lamento los inconvenientes que este trámite pueda causar.
Se desincentiva la compra de las unidades productivas, porque teóricamente el Juez del concurso es quien puede liberar al adquirente de las deudas sociales. Después esto no tiene eficacia y el adquirente se ve sorprendido por deudas laborales que creía que no asumiría al hacer la oferta de compra.
Se prima el crédito público de Seguridad Social sobre la posibilidad de salvar algunos puestos de trabajo.
Además la jurisdicción laboral prima finalmente sobre la mercantil.
¿Para que comprar, si después te verás sorprendido con pasivos que el Juez del concurso te excluyó?
No hay más solución que comprar los activos cuando el negocio está más que arruinado y si se puede intentar resucitando.