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A partir de los datos publicados por el CGPJ (obtenidos en la BBDD de Estadística Judicial y el Informe «La justicia dato a dato») el objeto de la presente entrada es simplemente mostrar (compartir) ciertos datos específicos sobre la evolución reciente (2004-2014) de la jurisdiccional social.
La particularidad es que estas estadísticas, ilustran, por sí mismas, el estado de colapso que padece y apuntan algunas de las posibles causas de esta situación.
Evolución Presupuesto Justicia (2008-2014)
Fuente: «La Justicia dato a dato» (años 2009 a 2014)
Asuntos Ingresados en la Jurisdicción Social (2004-2014)
Asuntos en trámite en la Jurisdicción Social (2004-2014)
Asuntos resueltos en la Jurisdicción Social (2004-2015)
A su vez, a modo de muestra del «pulso» de la Jurisdicción, también resulta interesante observar el comportamiento de los Juzgados de lo Social de las CCAA que presentan más actividad judicial (esto es, Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid y País Vasco).
En este sentido, cabe decir que la BBDD de Estadística Judicial posibilita una combinación de parámetros de análisis extraordinaria, permitiendo aproximarse a la actividad de los órganos jurisdiccionales desde múltiples y heterogéneas perspectivas. Por consiguiente, los datos que se exponen a continuación, responden a una selección de parámetros estrictamente personal (siendo posibles muchas otras).
Señalamientos Juzgados de lo Social (acumulados por CCAA): 2010-2014
Evolución asuntos ingresados por despido por Juzgados de lo Social (acumulados por CCAA): 2005-2014
Evolución asuntos despidos resueltos por Juzgados de lo Social (acumulados por CCAA): 2005-2014
Resoluciones Juzgados de lo Social (acumulados por CCAA): total despidos
Resoluciones Juzgados de lo Social (acumulados por CCAA): total Seguridad Social
Una (breve) valoración final
La identificación de las causas que expliquen esta evolución excede con mucho el objeto de esta entrada. No obstante, me gustaría hacer una (muy) breve reflexión.
La crisis económica (especialmente, a partir de 2008) ha sido uno de los factores que ha motivado un mayor incremento de la judicialización. No obstante, la paradoja es que, a pesar de este evidente incremento, no sólo no se ha incrementado proporcionalmente el presupuesto (de hecho, se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años, manteniéndose por debajo del previsto para 2009), sino que, además, ninguna de las múltiples reformas introducidas para sortear los efectos de la crisis han incidido en su reducción. De hecho, puede afirmarse que (a pesar de ellas y/o a causa de ellas) la han mantenido en unos niveles extremadamente altos.
En cambio, como contrapunto, puede observarse que la evolución de las Resoluciones de los Juzgados de lo Social (acumulados por CCAA) relativas a la Seguridad Social presenta, en términos generales, un comportamiento diferenciado (más estable). Es claro que en estos casos, los incentivos a la litigación son claramente distintos a los que imperan en los casos de despido.
La tensión que este volumen de actividad judicial imprime a todos los operadores jurídicos es difícilmente sostenible. No sólo está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que, además, su impacto absolutamente negativo en el propio tráfico económico es indudable.
Los datos sin duda son preocupantes y exigirían una reacción inmediata para revertir la tendencia.
