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Lamento los inconvenientes que este trámite pueda causar.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley concursal de 2022, incluso desde la aprobación del TRLC dos años antes, los jueces mercantiles están haciendo lo que les da la gana a la hora de fijar el denominado «perímetro» de la unidad productiva, de tal forma que las empresas adquirentes pueden permitirse el lujo de subrogar solo a los trabajadores que les interesa (los más baratos) y dejar literalmente tirados a los demás, que de la noche a la mañana ven cómo, al quedar «atados» a la empresa concursada, declarada en quiebra, no tienen más derecho que irse al paro y a cobrar las míseras indemnizaciones que marca el Fogasa. Para colmo, las empresas adquirentes parecen tener vía libre para, una vez hecha la transmisión, realizar nuevos contratos. Sé de lo que hablo, porque lo acabo de sufrir en primera persona. Una puñetera vergüenza.