La aplicación del art. 7 C158 y la necesidad de dar la posibilidad de defensa previa al despido disciplinario ha sido admitida por la jurisprudencia a partir de la publicación de la STS\Pleno 18 de noviembre 2024 (rec. 4735/2023).
La STSJ Baleares 23 de diciembre 2024 (rec. 231/2024) entiende que la irretroactividad de este cambio de doctrina debe valorarse caso por caso. El propósito de esta entrada es analizar su fundamentación y las posibles implicaciones de este criterio interpetativo.
La STS 29 de enero 2025 (rec. 202/2024), dictada en Pleno (sin VP), aborda diversas cuestiones de sumo interés. En primer lugar, entiende que, a efectos del cálculo de la indemnización extintiva, el procedimiento de despido colectivo puede determinar el convenio colectivo aplicable. Por otra parte, a propósito del salario a tener en consideración para el cálculo de la indemnización, también resuelve cómo deben interpretarse las reglas que prevén el art. 42.6 ET y el art. 84 ET (y, en concreto, sus apartados 1 y 2).
En apretada síntesis, entiende que la regla prior in tempore potior in iure (ex art. 84.1 ET – al que se remite el propio art. 42.6 ET), permite que se aplique el salario previsto en el convenio colectivo de empresa si es anterior en el tiempo al sectorial.
El propósito de esta entrada es sintetizar únicamente esta última cuestión.
La STS 5 de febrero 2025 (rec. 76/2023) ha establecido que no es ajustado a derecho un acuerdo firmado entre unos sindicatos que representan la mayoría de la representación sindical y las empresas del grupo Iberdrola que contempla el voto telemático en las elecciones sindicales. De hecho, en un excurso final de la fundamentación, plantea que, tratándose de una material indisponible, el marco legislativo vigente también impide que pueda preverse en un convenio colectivo estatutario.
El propósito de esta entrada es analizar los argumentos esgrimidos por el TS para alcanzar esta conclusión.
Análisis crítico de la STS\C-A 16 de enero 2025 (rec. 4845/2022) que sostiene que en los procesos de reversión calificables como traspaso procede calificar a las personas cedidas como personal subrogado a extinguir y sin que esto comporte la atribución de la condición de empleados públicos.
La duración del contrato de sustitución para cubrir una plaza vacante en el sector público es controvertida. El propósito de esta entrada es proponer una interpretación, teniendo en cuenta el marco normativo interno y la doctrina del TJUE en relación a la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70.
El propósito de esta entrada es analizar las novedades de la redacción del art. 50.1.b) introducidas por la LO 1/2025, partiendo de una síntesis de la doctrina jurisprudencial sobre este supuesto de ineficacia contractual.
La STS 19 de diciembre 2024 (rec. 2961/2023), dictada en Pleno (por unanimidad) ha dictaminado que la indemnización legal tasada por despido improcedente prevista en el art. 56.1 ET no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas del caso, sin que ello suponga una vulneración del art. 10 del Convenio núm. 158 de la OIT; en el que tan solo se indica que la indemnización sea adecuada, siendo el legislador nacional el que la ha determinado en el citado art. 56.1 ET.
La STJUE 19 de diciembre 2024 (C-531/23), Loredas, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el TSJ del País Vasco, acaba de determinar que la jurisdicción o la práctica administrativa, al no fijar la obligación de establecer un sistema de permita computar la jornada realizada por las personas empleadas del hogar se opone a la Directiva 2003/88 (arts. 3, 5 y 6) y la CDFUE (arts. 20, 21 y 31.2).
Se trata de un pronunciamiento con un notable impacto, aunque la doctrina que lo fundamenta no puede afirmarse que sea novedoso.
El objeto de esta entrada es sintetizar el contenido de la misma y aportar una breve valoración crítica.
La STJUE 24 de octubre 2024 (C‑441/23), Omnitel Comunicaciones, dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Madrid, ha dictaminado que, aunque no se dé una situación calificable como cesión ilegal y siempre que se den determinadas circunstancias, las empresa contratistas deben ser calificadas como ETT y, por consiguiente, sus trabajadores tienen derecho a las condiciones de trabajo de la empresa principal.
Aunque el órgano remitente de la cuestión prejudicial todavía no ha resuelto el asunto que la precipitó, ya ha dictado una sentencia aplicando esta doctrina: STSJ Madrid 4 de diciembre 2024 (rec. 648/2024). El objeto de esta entrada es analizar críticamente esta importante sentencia.
La Sala IV ha dictado recientemente diversas resoluciones (10) relativas a la negociación de planes de igualdad. A grandes rasgos abordan dos problemáticas diferenciadas: bloqueo negocial (6) y valor del silencio administrativo (1); y (3) situaciones en las se combinan ambos factores.
El propósito de esta entrada es sintetizar el contenido de estas sentencia