La STS 23 de enero 2020 (rec. 157/2018) se refiere a la demanda de un Ayuntamiento que solicita la impugnación de un convenio colectivo sectorial por lesividad, porque le obliga a abonar las diferencias salariales (por un importe de casi 10 millones de €), lo que le impediría cumplir con sus obligaciones de estabilidad presupuestaria, financiera y de gasto exigidas legalmente, así como el Plan de Ajuste diseñado para alcanzar dichos fines.