Impacto del asunto «de Diego Porras» en la jurisdicción contencioso-administrativa

Análisis las controversias existentes en la jurisdicción C-A para aplicar la doctrina «de Diego Porras». El estudio defiende que, hasta la fecha, los argumentos que han sido empleados para rechazar o aceptar su aplicación se alejan del criterio comunitario y sugiere que, ante el silencio normativo, la necesidad de adoptar medidas contra el abuso de la contratación temporal podría llevar a exportar las medidas existentes en el ámbito social al administrativo.

Impacto en la función pública y en la jurisdicción contenciosa administrativa de las sentencias del TJUE de 14 de septiembre de 2016 sobre contratación temporal (Ponencia)

  Invitado por el compañero Marc Vilar Cuesta – @MarcVilarCuesta -, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, he tenido el placer y la excelente oportunidad de compartir mesa como ponente con la Magistrada de Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Sra. Maria Luisa Pérez Borrat, para hablar sobre el «Impacto en la función pública y en la jurisdicción contenciosa administrativa de las […]

Resumen novedades legales y jurisprudenciales en materia del personal laboral del 2016 (ponencia EAPC)

En el marco de la «Jornada de Actualización sobre función pública local» organizada por la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), el pasado 11 de enero de 2017, fui invitado a exponer un resumen de las novedades legales y jurisprudenciales en materia de personal laboral del año 2016.

Se trata de una recopilación de lo que considero que han sido los aspectos novedosos más destacados de este ámbito.

Extensión de indemnización de 20 días a contrato de obra y servicio: objeciones a la STSJ País Vasco 18/10/16

Análisis crítico del argumento sustantivo (asimilación entre extinticón por fin de la obra y servicio con la resolución causal) empleado por la sentencia del TSJ País de Vasco 18 de octubre 2016 (núm. 1962/16) para fundamentar la extensión de la indemnización de 20 días a la extinción de un contrato por obra o servicio en el sector público.